Francisco J. Santini Rodríguez*
La situación política en nuestro país ha mejorado indudablemente, puesto que la pluralidad ha superado al autoritarismo; las decisiones y el control de un solo partido, pasaron a ser la decisión de varios; sin embargo, estamos en un proceso de consolidación de nuestra democracia, y eso implica retos difíciles a futuro, como mejorar nuestro sistema electoral, que las autoridades electorales prevengan y eviten que se cometan delitos electorales como la compra de votos, la coacción, las amenazas, el robo de credenciales, que se desvíen recursos públicos a las campañas políticas; que el congreso promueva leyes para reducir el gasto excesivo de los partidos políticos. Estos son sólo ejemplos para reflexionar sobre la nueva reforma.
La reforma constitucional retoma algunas de estas interrogantes; sin embargo, en lo particular están dejando por fuera la prevención y sanción de los delitos electorales; tenemos que aceptar que hay impunidad para quienes incurren en este tipo de prácticas. Las campañas políticas están consideradas épocas de bonanza, puesto que los partidos políticos lanzan todo su presupuesto en la contratación de publicidad, además de desplegar grupos de militantes para la promoción del voto; esta situación en la campaña electoral de 2006 fue motivo de comentarios en los medios intelectuales y de opinión pública: los partidos políticos están incurriendo en gastos excesivos en sus campañas electorales. Otro de los señalamientos fue que la guerra sucia entre los partidos había llegado a límites que nunca se habían visto; por otra parte, también se vio la participación de la iniciativa privada en forma abierta a favor de uno de los candidatos; todo esto aunado al descontento de gran parte del electorado, por supuestas anomalías en el proceso electoral.
Creo que esta reforma está retomando aspectos importantes en materia de financiamiento (gastos excesivos en las campañas), que se había convertido en un reclamo de la sociedad. Sin embargo, hay varios temas que no están en dicha reforma, como la segunda vuelta en la elección presidencial; la participación libre de los ciudadanos como candidatos sin tener que pertenecer a un partido, y los mecanismos que se pueden implementar para reducir los actos de manipulación del voto.
En este año en el estado de Sonora se elegirán a 72 alcaldes, 21 diputados locales y al gobernador del estado. Por primera vez corresponde al actual Consejo Estatal Electoral calificar la elección a gobernador. Los altos niveles de competitividad alcanzados en los últimos años perfilan una elección muy cerrada en todos los niveles de gobierno independientemente de los candidatos que postule cada partido.
Los aspirantes a la gubernatura por parte de las tres principales fuerzas políticas en el estado (PRI, PAN y PRD) hace rato que empezaron a promover sus candidaturas y armar a sus grupos de colaboradores. Al interior del PRI, Elías Serrano no la tiene fácil con Ernesto Gándara y en el PAN Guillermo Padrés tendrá que convencer primero a los panistas que es mejor opción que María Dolores del Río. Dentro de las filas del PRD Carlos Navarro parece ser el candidato más idóneo.
*Asistente del Programa de Estudios Políticos y Gestión Pública de El Colegio de Sonora, fsantini@colson.edu.mx
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