Por Francisco J. Covarrubias B. / Dossier Politico
En la línea de fuego cruzado, la Universidad de Sonora se debate cual mordida y roída manzana presa de ambiciones desbordadas de la clase política: ciertamente nadie niega que continúa siendo depositaria del principal patrimonio científico y cultural del Estado, mas en la práctica le ofrecen el trato de guardería infantil de cuarta categoría, al reducir su presupuesto, deteriorar su estatus institucional, y ser indiferentes al colapso de sus condiciones laborales, en una dinámica tendencialmente negativa de menosprecio y falta de reconocimiento al trabajo profesional de sus docentes e investigadores.
Da la impresión de que se conspira y confabula para poner de rodillas a la Máxima Casa de Estudios: Las pugnas partidistas intestinas de los legisladores que atoran la liberación de recursos financieros, los designios gubernamentales, la débil capacidad de gestión e inercia administrativa de quienes detentan los más altos puestos burocráticos en la propia institución de estudios superiores, y un contexto actual en que todos los reflectores y las apuestas de inversión millonaria apuntan a impulsar una costosa y mercantilizada contienda electoral, que se anticipa será “la batalla más grande jamás peleada”.
A tal grado, la anunciada posibilidad de que cobre vida el fantasma de huelga que recorre la Unison , se asegura tiene su origen mas en propósitos externos a la propia comunidad universitaria que en motivos relacionados a su problemática endógena, distintos a los intereses de académicos y empleados. El escenario es difuso. Lo que no está en tela de duda es que las innumerables protestas de los educadores no únicamente han venido persiguiendo el incremento sustancial de percepciones que nunca llegan a marcar distancia significativa de los draconianos topes nacionales establecidos, sino que buscan algo igualmente importante: poner un alto a la conculcación de la dignidad y estabilidad laboral. Mas de la mitad de los docentes no cuenta con una plaza de tiempo completo.
No obstante conforme pasan los días se antoja cada vez más distante la oportunidad de que se resuelva por la vía del dialogo una revisión contractual que si bien se lleva a efecto con apego al marco jurídico vigente, indebidamente se presenta a la opinión pública como un ejercicio abusivo e ilegal de los dos sindicatos (STAUS y STEUS), propiciando tendencias hacia una etapa de regresión y conflictiva que ya se consideraba superada en la estructura organizacional y el entramado de relaciones de trabajo.
En la larga historia de las relaciones laborales de la Universidad de Sonora de hecho se identifican al menos cuatro etapas. La primera de ellas se caracterizo por lo que se puede considerar la pre modernidad institucional. Va desde su fundación hasta los setentas. Son décadas en las que no existen los sindicatos y los derechos laborales no acaban por reconocerse a cabalidad, son evitados, y la tónica de las contrataciones al personal académico tiene un perfil altamente personalizado, discrecional.
Inicia la segunda etapa en 1976, cuando en un clima de pura y celestial demagogia política que, en el discurso público y mediático hablaba de democracia, pero prohibía y proscribía el intento de formar organizaciones ciudadanas y laborales independientes, ajenas a las corporaciones y clientelas políticas oficiales del partido único, se crea el STEUS. En 1984 el STAUS. La etapa en referencia es de institucionalización “forzada” de la relación de empleo. Encuadrada, no obstante, en los derechos contemplados por la Ley Federal del Trabajo.
La “normalización” de la institucionalización de las relaciones de trabajo, no llega sin una accidentada transición que pasa por resistencias y oposición gubernamental, expresadas en la férrea testarudez del rector Alfonso Castellanos Idiáquez (1973-1982) y los periodos posteriores de transición y experimentación de una cultura de la legalidad y cultura política democrática, encabezados por los rectores Manuel Rivera Zamudio (1982-1987) y Manuel Balcazar Meza (1987-1989). Así como el abrupto despertar de una nueva etapa de confrontación y conflictividad que derivan en el cambio de Ley Orgánica con el rector Marco Antonio Valencia (1989-1993). Nace la H. Junta Universitaria.
“Se transita a lograr lo básico: las autoridades y sus representantes se embarcan por fin en una relación de derecho. Y la organización de los trabajadores no es puesta mas en duda. Pero en medio de inusitadas luchas por el poder y la reforma a la ley universitaria los avances académicos quedan semi-suspendidos y las disputas laborales quedan como en el pasado” (c.f. Covarrubias, Alex).
La cuarta etapa la lleva adelante el actual secretario de Educación y Cultura, rector Jorge Luis Ibarra, quien durante sus dos periodos al frente del Alma mater normalizo en forma efectiva las relaciones laborales, mediante un dialogo inteligente y constante, privilegiando la estabilidad, aun cuando el golpeteo debajo de la mesa prosiguió al interior de cada escuela, departamento y división, reviviendo las viejas prácticas de personalización, discrecionalidad, y violación de concursos para ocupar plazas.
Los dos periodos subsiguientes presididos por Pedro Ortega, la institucionalización de los procesos de negociación y el respeto a los derechos laborales, suscritos en el Estatuto de Personal Académico y en el Contrato Colectivo de Trabajo, sufrieron un progresivo desgaste. Ganaron terreno las tentaciones a una regresión que coloco en entredicho la legitimidad de buscar mejores condiciones de trabajo.
La silla del edificio principal de rectoría, ocupada por el rector Heriberto Grijalva Monteverde, todavía bajo el paternal sobaco del ex gobernador Eduardo Bours, difícilmente puede deslizarse a sotavento de un nuevo golpe de timón favorable al respeto de la legalidad, al autentico dialogo, establecimiento de consensos y rescate de la cultura política democrática al interior de la máxima Casa de Estudios. Pero no es imposible que esto ocurra. La piedra en uno de sus zapatos es, dado caso, la renuente actitud de los legisladores y el actual Gobierno del Estado a ofrecer mayores recursos a la Universidad de Sonora.
La otra piedra, en su otro zapato, es la tentación a la puerta, no descartable de utilizar al Alma Mater, como ocurrió en el pasado, a manera de campo de fuego cruzado entre partidos políticos e intereses empresariales, para dirimir espacios distritales, cotos de influencia, (“a rio revuelto ganancia de pescadores”), o bien para desacreditar o empoderar personajes, funcionarios y/o candidatos, con miras a un proceso electoral que se antoja será de “mascara contra cabellera”, escasamente civilizado, a menos que prevalezcan verdaderos pactos y se imponga la cordura. ¿Usted qué opina estimado lector?.
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