Por José Luis Jara / Dossier Politico
La profesora Rosa Delia Coronado informó que el gobierno del estado desistió de la acción reivindicatoria que entabló contra ella y miembros de su familia para que desalojaran el predio que ocupa su hogar, donde tienen viviendo alrededor de 40 años.
La maestra es de los vecinos del vaso de la presa que fueron demandados para desalojar sus predios, con el fin de beneficiar a la inmobiliaria Misión 21, que pretende construir todo un proyecto residencial denominado Lomas del Pitic.
El caso es que el propietario de esa inmobiliaria, José Coppel Lemmenmeyer es el consuegro del gobernador y para apoyarlo, el gobierno del estado empleó a sus funcionarios de la dirección de bienes y concesiones, de la procuraduría general de Justicia y del despacho de abogados que tiene el gobierno del estado para llevar asuntos importantes.
La maestra dijo que el gobierno del estado, a través del procurador Abel Murrieta, se acaba de desistir de la acción reivindicatoria contra ella y su hermana Francisco Delfina Coronado López.
Parece ser que se dieron cuenta los abogados del gobierno, que estaban mal planteadas las demandas y que por tanto, si se aplica correctamente la ley forzosamente se habría resuelto a favor de las afectadas.
El caso es que ellos se retiran del asunto y si bien no hay una sentencia favorable a nosotros es un reconocimiento que estamos en lo correcto. Entonces nosotros vamos a vivir tranquilos, apuntó la maestra.
Una historia de enredos e impunidad
El problema con los vecinos del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez inició con una mala interpretación que hizo el gobierno de Eduardo Bours, del decreto expropiatorio de 1946, donde se expropiaron parte de los terrenos que son de la presa.
En ese decreto se plantea que el gobierno es el dueño de cinco terrenos del vaso de la presa, que tiene la forma de polígonos. Pero cuando demanda el gobierno de Bours a los vecinos, demanda como si esos polígonos fueran toda la presa, cuando en realidad esos predios se encuentran totalmente separados.
De acuerdos a estudios de profesionales en el peritaje, las hermanas Coronado López lograron demostrar que sus terrenos no se encuentran en esos polígonos, razón suficiente para invalidar cualquier demanda de desalojo por parte del gobernador, por la sencilla razón de que el gobierno no es el dueño de esos predios.
De acuerdo a investigaciones que realizaron y con documentación en la mano, la maestras Coronado dijo que tuvieron el conocimiento de que el 8 de agosto de 2007, el ayuntamiento de Hermosillo y la inmobiliaria Misión 21 signaron un convenio donde el ayuntamiento aprueba la regularización de 5.2 hectáreas a favor de la inmobiliaria de los Coppel. En ese convenio se establece que el dueño de ese predio de unos 52 mil metros cuadrados, es Misión 21.
Pero en el mismo convenio, el ayuntamiento puso un punto donde se desliga de toda responsabilidad que pudiera generar hacia terceros por esa decisión tomada y dan de plazo un año para que quede firme.
La maestra dijo que la nulidad de esa concesión se puede lograr, porque en ese lapso, que venció el 8 de agosto de este año, se presentaron quejas y denuncias de personas que se sienten afectados.
Existen algunos vecinos que se pueden beneficiar con esto. Es el caso de Juventino y Nancy Enríquez. Ellos tienen un predio de 30 hectáreas y los demandaron por cinco hectáreas, que se encuentran frente al rancho de los Coppel en la presa.
El caso del fideicomiso se trata del Fideicomiso para la Recuperación de Pasivos del Gobierno del Estado de Sonora, que fue creado en el sexenio del gobernador Manlio Fabio Veltrones Rivera.
A este fideicomiso le pertenecen esos cinco polígonos que se mencionaron. Supuestamente cubre toda el vaso de la presa, pero dejan un remanente pendiente, que se trata de terrenos que pertenecen a la federación y que se encuentran concesionados a una empresa trasnacional que ofrece servicios para cazadores de patos.
Pero esos terrenos para la caza de patos, son de la federación, de tal suerte que las demandas del gobierno del estado, basadas en esta situación, se encuentran al margen de la ley.
En estas circunstancias, la inmobiliaria Misión 21 argumentó que tuvo un acuerdo de compra venta con este fideicomiso, a fin de adquirir alrededor de mil 94 hectáreas.
Pero este fideicomiso, únicamente son los propietarios de los cinco polígonos, no de la totalidad de vaso
de la presa. Por ello, la maestra Coronado afirmó que los pobladores del vaso de la presa, tiene todas las de ganar en su juicio.
La personalidad jurídica del gobernador
En la demanda que interpuso el gobierno del estado en contra de la maestra Coronado y otros vecinos del vaso de la presa, las autorices cometieron una serie de errores como el de no acreditar la personalidad jurídica del gobernador.
La maestra explicó que fue el procurador Abel Murrieta quien presentó la demanda, en representación del gobierno del estado. Pero a la hora de acreditar su nombramiento de procurador, exhibe un escrito firmado por Eduardo Bours Castelo que dice del nombramiento que hizo de procurador a cargo de Murrieta.
Sin embargo, resultó que Eduardo Bours no presentó loe documentos que lo acreditan como gobernador del estado.
Pero además de ello, la maestra Coronado resaltó, que el nombre del gobernador que se utilizó en el juicio contra ellas fue Eduardo Bours, cuando el nombre verdadero del gobernador es José Eduardo Robinson Bours.
Además de la ofensa que representa, el hecho de utilizar otros nombres tiene sus implicaciones legales.
La maestra Coronado explicó que de acuerdo a la legislación procesal en casos de juicios reivindicatorios, el gobernador entra como particular. Pero a final de cuentas no se le dio el tratamiento de particular, sino representante del ejecutivo que esta por encima del poder judicial
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